La fiscal Viviani solicitó que la causa por el bloqueo a la distribuidora sea elevada a juicio
La Fiscalía Nº 7 de San Pedro, que titularza la fiscal María del Valle Viviani, ha solicitado que se eleve a juicio la causa relacionada con el bloqueo a la Empresa Rey Distribución. La fiscal argumenta que cuenta con suficientes pruebas para acusar a los gremialistas Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espindola, así como a seis empleados de la empresa denunciante, por los delitos de Extorsión y Turbación de la posesión.
El Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo de la Jueza María Eugenia Maiztegui, ha corrido traslado a los defensores para que presenten sus planteos en plazos sucesivos. Los términos para que la magistrada resuelva las cuestiones presentadas vencen la próxima semana.
El letrado Mauricio Gugger, defensor de Cabaleyro y de Espindola, se ha opuesto al juzgamiento de sus defendidos y ha solicitado el cambio de la calificación legal y el sobreseimiento de ambos. Posteriormente, la jueza le ha corrido traslado al defensor de los seis trabajadores de la empresa, quienes también están imputados.
El abogado Gabriel Ruiz ha presentado su oposición a que sus defendidos sean llevados a juicio y ha reclamado el sobreseimiento de los seis empleados. Una vez cumplidas estas medidas legales, los plazos comenzaron a correr para que la magistrada tome una decisión y determine si sobresee o sienta en el banquillo de los acusados a uno, algunos o a todos los imputados en la “Causa Camioneros”.
La causa se inició cuando la empresa Rey Distribución denunció por Extorsión y Turbación de la Posesión a Cabaleyro, Espíndola y a un grupo de trabajadores de la firma que habrían actuado en apoyo de un reclamo gremial, causándoles serios perjuicios. Los allanamientos y la detención de los líderes sindicales fueron la consecuencia de la instrucción de la causa, quienes se encuentran alojados en la UP3.
En contrapartida, el abogado defensor Gabriel Ruiz, que representa a los seis trabajadores, ha presentado acusaciones contra los titulares de la empresa por Fraude laboral y Estafa Procesal, entre otros cargos, y ha pedido la recusación de la fiscal Viviani.
