Llamarán nuevamente a Barbieri a indagatoria por la causa del barrio “San Francisco”
La titular de la UFI Nº 11, Dra. Viviana Ramos recibió instrucciones para “cumplir con las indagatorias» convocando al ex Intendente Municipal Mario Barbieri, el ex director de viviendas y escuelas, el Arq. Flavio Peiró y María Alejandra Garibaldi, una de las propietarias de la empresa constructora de las viviendas.
Cabe recordar que los mismos afrontan una denuncia por Administración Fraudulenta, Estafa y Malversación de Fondos por la construcción de las edificación de pésima calidad en la mayoría de los casos y en otros directamente no fueron terminadas.
Hasta el momento nunca habían sido indagados por la Justicia puesto que las veces que fueron citados se excusaron y no se presentaron.
Cabe recordar que el pasado mes de mayo, el Tribunal de Casación rechazó el pedido de prescripción de la causa del barrio «San Francisco» solicitada por la defensa de los involucrados.
Justamente lo que la Corte sostuvo en ese entonces es que la invalidez está fundamentada en el no llamado a indagatoria efectuado por el Juez Federal, entendiendo que existían elementos suficientes para recibirles declaración, «por la presunta comisión de los ilícitos que se investigan».
La localidad recibió a partir del 2007 por parte del gobierno nacional, y en el marco del Plan Federal de Viviendas, unos 15 millones de pesos para la construcción de 308 casas en los terrenos del barrio San Francisco de Asís.
El reclamo fue originado por un grupo de vecinos del lugar que acusaron deficiencias en la construcción de las casas. Según la bancada opositora de ese entonces, unos seis millones de pesos que fueron desviados. Se evidenciaron varios problemas de construcción que van desde vigas que no se llenaron, fierros que no fueron colocados, instalaciones de gas y de luz que no se completaron hasta puertas y paredes rajadas y la voladura de unos 20 techos durante una tormenta.
Las casas se construyeron en dos etapas. Aproximadamente la mitad fueron terminadas y entregadas sin conflictos. El resto, una semana antes de la elección a intendente de 2007, fueron ocupadas por parte de un grupo de personas pese a que aún no se había concluido la obra. Esto generó la intervención de la Justicia, que en primera instancia ordenó que se retirara a todas las personas que no estuvieran dentro del programa. La causa llegó a la Cámara, que consideró que no se trataba de una usurpación y, tras la apelación del municipio, actualmente la causa se encuentra en una etapa de mediación en la que se les podría otorgar la vivienda a aquellos que la hayan ocupado y cumplan con los requisitos impuestos por el Plan Federal para su adjudicación. De todas formas, la municipalidad reclama la restitución de unas 25 casas que ya habían sido adjudicadas.