La suspensión del aumento de la luz no afecta a las cooperativas

La decisión fue tomada por el juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, y alcanza a los usuarios de las cuatro grandes distribuidoras con concesión en la provincia, pero no a las más de cien cooperativas eléctricas del interior bonaerense, puesto que las mismas no fueron incluidas en la demanda iniciada por el Colectivo de Acción en la Subalternidad. Por lo que la medida no tendrá efecto en nuestra ciudad.

Sin embargo desde la Cooperativa Eléctrica dieron a conocer que de concretarse “podría causar un grave perjuicio” como consecuencia que en el 2012 no hubo incrementos, según lo manifestó el tesorero de la Coopser Oscar Silva a la 92.3.

En el fallo, Arias suspendió por dos años los efectos de la resolución 22/16 del ministerio de Infraestructura bonaerense, que autorizó aumentos de hasta el 250 por ciento en el precio del Kw, y ordenó a las empresas Edelap (La Plata), EDES (Sur bonaerense), EDEA (Costa Atlántica) y EDEN (norte provincial), a que “se abstengan de aplicar a los usuarios del servicio público de distribución de energía eléctrica el régimen tarifario”.

En ese sentido, ordenó a las empresas que “de modo inmediato a la notificación, efectúen la liquidación correspondiente y emitan nuevas facturas”. En caso de que las boletas ya hayan sido emitidas, las prestadoras deberán “admitir el pago del servicio según el cuadro tarifario vigente con anterioridad al incremento establecido por la resolución 22/16, sin que ello implique la interrupción o alteración del servicio”.

En tanto, desde el Gobierno bonaerense aún no confirmaron si apelarán la medida, aunque extraoficialmente se descartó que así ocurrirá, puesto que se trata de una decisión tomada por el Ejecutivo en el marco del plan nacional de “sinceramiento” de tarifas.

En el fallo, Arias justificó la medida en la falta de realización de una audiencia pública previa a la autorización de los aumentos, al considerar que ello provocó “una lesión a los derechos de los usuarios del servicio, que se ven afectados por la aplicación de una tarifa establecida sin su participación”. (DIB).

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