La Sociedad Rural adhiere al cese de comercialización de hacienda

Predio de la Soc. Rural de Palermo

Productores agropecuarios enrolados en las cuatro principales entidades rurales iniciaron a la cero un cese de comercialización de hacienda en repudio por la estatización del predio ferial de la Sociedad Rural Argentina en el barrio porteño de Palermo.

Con respecto a ello, Raúl Victores presidente de la Soc. Rural San Pedro opinó sobre la resolución del Gobierno Nacional: “Lo único que hacen es seguir castigando a las entidades para seguir vaciando el sector productivo, lo que ellos no saben es que si le siguen metiendo la mano al sector productivo como se la están metiendo, fiscalmente y con los problemas climáticos va a ser su propia desaparición”.

Asimismo dijo: “Yo creo que son todas cuestiones que hacen derivar la atención de la situación que está pasando el país, son hechos mediático que hacen que por dos o tres días todo el mundo esté hablando de estas cuestiones y después quedan en el olvido y hay cuestiones más delicadas que tapan a las anteriores”.

Luego contó que mañana “a las 19 horas todas las sociedades rurales y público en general en la Sociedad Rural Argentina para cantar el Himno Nacional”.

a semana pasada, la Presidente decidió dejar sin efecto la venta del predio ferial de Palermo realizada en 1991 por el entonces gobierno de Carlos Menem, y tomó el control del lugar, símbolo de la principal organización de productores agropecuarios.

Pero esa no fue la única medida oficial que volvió a generar malestar entre los productores. El viernes, a través de la Resolución 3418 publicada en el Boletín Oficial, se anuló una norma conjunta con el Ministerio de Agricultura en 2003 que otorgó a la Federación Agraria Argentina la potestad de comercializar los certificados de acopio.

El lock out patronal se sintió fuerte en el mercado de Liniers, al que hoy, en el primer día hábil de esta semana corta, ingresaron tan solo 300 animales, cuando en un día normal entran alrededor de 6.000.

La SRA consideró que esa estatización es «una venganza por la 125», la resolución que disponía retenciones móviles para las exportaciones de granos que despertó una generalizada protesta del sector rural y que finalmente no se aplicó por el voto negativo del entonces vicepresidente Julio Cobos.

Y presentó acciones judiciales para frenar la aplicación del decreto 2552.

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