La Justicia hizo cesar la intervención en Papel Prensa

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial hizo cesar la intervención judicial en Papel Prensa que se mantenía a pedido del Estado nacional y criticó con dureza en su fallo que este, siendo socio minoritario de la empresa, haya pretendido ‘emular la estructura de controles económicos impuestos en el Reich alemán durante el régimen nazi‘.

En un segundo fallo, el mismo tribunal rechazó los recursos extraordinarios que había presentado el Estado, la Comisión Nacional de Valores y la fiscal Alejandra Gils Carbó ante un pronunciamiento previo de la Sala C de la Cámara Comercial que había dejado sin efecto la intervención. A partir de este momento, la única alternativa que tiene el Estado es acudir ‘en queja‘ a la Corte Suprema, aunque ésta ya ha dicho en innumerables ocasiones que no revisa medidas cautelares, tal como es este caso, lo que además recordó la Cámara.

Los principales accionistas de Papel Prensa son el Grupo Clarín (49%), La Nación (22,49%) y el Estado nacional que dispone de 27,46% de modo directo y de otro 0,62% a través de la Agencia Télam.

El tribunal dijo que ‘la decisión ahora recurrida en nada afecta la actividad del Estado en lo que hace a la regulación del mercado vinculado con la producción y comercialización de papel para prensa escrita‘. La Cámara añadió que ‘el interés general de la sociedad no se puede confundir con el interés coyuntural de cierta área de Gobierno‘, en referencia a la ofensiva que el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, ha desplegado con la empresa productora de papel para diarios.

A partir de una firma duplicada en un balance de dos directivos de Papel Prensa, uno entrante y otro saliente, a fines de 2009, Moreno ordenó a la Comisión Nacional de Valores que sustancie una causa, lo que hizo que el anterior titular, Eduardo Hecker tuviera que renunciar.

En paralelo, el Gobierno inició una fuerte embestida contra el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y contra el director de La Nación, Bartolomé Mitre, por supuestas violaciones a los derechos humanos en relación a la transferencia accionaria que hizo la viuda de David Graiver a los diarios Clarín, La Nación y La Razón en 1976, lo que fue negado por numerosos testigos.

Como interventor judicial fue nombrado el juez Eduardo Malde, quien designó primero como co-administrador a Carlos Bianchi, que renunció por el maltrato al que lo sometía Moreno, y luego a Martín Arecha.

En el fallo, la Cámara criticó con mucha dureza a la fiscal Gils Carbó de cuyos escritos dijo que ‘introducen aspectos ajenos a las cuestiones debatidas y, por momentos, pasajes en los que se deslizan apreciaciones propias de un discurso para la tribuna política, pero no de una presentación judicial‘.

También dejó en claro que Papel Prensa es una empresa de derecho privado y no una empresa pública, donde el Estado es socio minoritario. En esa parte de la resolución, los jueces señalaron que ‘la postura de la fiscal general implicaría en el caso atribuir promiscuamente al accionista minoritario Estado Nacional una suerte de facultades supraestatutarias y supralegales, en contradicción con el principio mayoritario que prevalece en la organización societaria‘.

Al respecto, remarcaron que la pretensión del Estado de avanzar sobre el sector privado ‘emula la estructura de los controles económicos impuestos en el Reich alemán durante el régimen nazi‘ y que, por lo tanto, no puede decir que en este caso está en juego ‘el interés general de la sociedad‘.

FUENTE: http://www.diariodecuyo.com.ar

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