Fue archivada la causa por uso del espacio aéreo de antenas de telefonía y cartelería

El Fiscal Marcelo Manso dispuso que la causa presentada el pasado año por el ex diputado Eduardo Polimante ante la falta de cumplimiento de las ordenanzas que regula el cobro del uso del espacio aéreo de antenas de telefonía y cartelería, fuera archivada.

Según explicó el funcionario judicial no fue publicado en el Boletín Oficial en aquel momento y a su vez que las “tasas como estas requiere que previa sanción exista una reunión de Mayores Contribuyentes para tratar el tema y no se hizo, entonces mal puede la ley obligar al titular del ejecutivo municipal cumplir una ordenanza que en principio sea ilegal”.

Asimismo afirmó que “tienen la posibilidad, aquel que sea disconforme con la resolución tiene la posibilidad de recurrir la decisión ante el Fiscal General”, con respecto a la apelación que presentaría el ex Diputado Polimante en desacuerdo con la resolución, quien argumenta que hubo “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En ese sentido el Fiscal expuso: “La Ley me exige a mí, no en esta causa, en todas las causas; cuando existe una imputación contra una persona, la misma tiene el derecho de estar informada que está siendo investigada en una causa para que tenga la posibilidad de que se ejerzan sus derechos. Independientemente que si la causa va a terminar condenado, absuelto, sobreseído o archivada”.

Cabe destacar que este procedimiento no tiene nada que ver con la nueva ordenanza promulgada sobre el tema, sino las 5.456/04 y 5.587/06 de los años 2004 y 2006 donde el Estado local debía iniciar el proceso de recaudación y cobrar por todas las antenas instaladas en la ciudad, así como por todo cartel que ocupe espacio público durante la gestión de Barbieri, uno de los denunciados junto a algunos de los concejales de entonces.

Al respecto, Manso dijo: “Hay que ser muy cautos en este tipo de resoluciones, estamos en el medio de un proceso electoral que los imputados son competidores”.

Finalmente concluyó: “Yo no puedo exigirle al titular del ejecutivo que ponga en marcha una ordenanza que yo entiendo en ilegal porque no cumplió con los requisitos previos que prevé la constitución, sin analizar si está prescripta o no ya a la fecha que se efectuó la denuncia. Estamos hablando de delitos que tienen pena de dos años y hay una ordenanza del año 2004”.

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