Denuncian golpiza a detenido de San Pedro internado en el Hospital Fiorito

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense (Cicop) reclamó la urgente conformación de una comisión integrada por los órganos del Estado involucrados, los organismos de derechos humanos y los gremios del sector para estudiar la implementación del convenio firmado entre el Ministerio de Salud y el de Justicia y Seguridad bonaerenses para que las personas privadas de su libertad sean atendidas en hospitales públicos. El reclamo lo reiteró tras la denuncia de un caso que tuvo lugar en el Hospital Fiorito en el cual un paciente detenido y custodiado por la Policía bonaerense fue salvajemente golpeado tras ser operado.

 

Según la Cicop un paciente detenido, con custodia policial permanente y esposado a la cama, que había sido sometido en el Hospital Fiorito a una cirugía en la que se extrajo un proyectil que tenía alojado en la columna lumbar, se reponía satisfactoriamente y se estaba evaluando su traslado a su lugar de origen, el Hospital de San Pedro, para que culmine allí su recuperación.

 

“Súbitamente y sin relación con el cuadro anterior, los médicos intervinientes observaron en un nuevo examen clínico que el paciente presentaba un ojo ostensiblemente hinchado con un importante hematoma. En el transcurso de las horas, el paciente se descompensó clínicamente y tuvo que ser operado de urgencia. En dicha intervención quirúrgica se constató, entre otras lesiones internas, un estallido de duodeno. Todo lleva a pensar que el paciente fue sometido a una feroz golpiza mientras se recuperaba de la primera intervención. Por acción u omisión la Policía Bonaerense aparece como la responsable directa del hecho”, indicó Pablo Torres, Secretario General de la Cicop. “Actualmente el paciente se encuentra en Terapia Intensiva en estado grave”, indicaron los profesionales del centro.

 

A finales agosto, los Ministerios de Salud y Justicia y Seguridad anunciaron la firma de un convenio por el cual las personas detenidas serían sometidas a reconocimientos médicos en los hospitales dependientes de la provincia, al momento de su ingreso y egreso de comisarías. CICOP emitió en aquella oportunidad una declaración en la que sostenía compartir el objetivo de la medida, que era relevar a la Policía Bonaerense de esa función dadas las graves sospechas que se ciernen sobre esa institución y las innumerables denuncias de torturas y apremios ilegales a las que son sometidas personas detenidas en dependencias policiales. Pero advertía también que la medida aparecía a todas luces como apresurada e inconsulta. Y que en las actuales condiciones no se podrían producir los objetivos que se proponía.

 

Sostenía la Cicop que los establecimientos provinciales no estaban en condiciones de hacer frente a la nueva demanda que recaía sobre ellos, en función de no contar con el personal ni con la capacitación necesaria y de no poder garantizar tanto al personal sanitario, a la persona detenida así como tampoco al resto de los pacientes las condiciones mínimas de seguridad. También planteaba la imposibilidad de garantizar la inviolabilidad de la documentación surgida de dichos procedimientos por carecer los hospitales de infraestructura adecuada para ello.

 

El Ministro de Salud, Alejandro Collia, hizo lugar al planteo de conformar una Comisión para estudiar la implementación del Convenio sobre la base de asegurar todas las condiciones necesarias para que éste pudiera cumplirse salvaguardando los derechos de todos los involucrados y el objetivo de garantizar imparcialidad requerida para estos procedimientos. Sin embargo, hasta el momento y a pesar de los reclamos, la Comisión no fue convocada.

 

“Lamentablemente, el grave episodio en el Hospital Fiorito le da la razón a la Cicop. Hoy hay un ser humano que se debate entre la vida y la muerte. Hoy la sospecha vuelve a manchar a la institución policial y, sobre todo, a los responsables políticos de que la misma siga estando más asociada al delito que a su combate: el gobernador Scioli y el Ministro Casal. Los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires merecemos de una vez por todas que la institución policial sea reformada a fondo para ponerla a tono con lo que espera de ella una sociedad democrática. Entre tanto, la creación de una Policía Judicial y otras medidas, entre las que incluimos la conformación de la Comisión que le venimos reclamando a las autoridades, pasan a convertirse en cuestiones urgentes”, señaló Torres

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *